Sobre la deriva de las grandes organizaciones ecologistas en relación a la crisis ecosocial y el despliegue renovable: errando en el diagnóstico, fracasando en el tratamiento


El despliegue de megaproyectos renovables está arrasando zonas enteras de la "España vaciada" / Creative Commons



Nuestra sociedad se enfrenta a una grave crisis ecosocial. En 2009 un grupo de científicos estableció nueve procesos que regulan la estabilidad y resiliencia del sistema Tierra y que no habría que sobrepasar para garantizar el desarrollo de la sociedad. En septiembre de 2023, en apenas 14 años hemos sobrepasado la zona segura de seis de los nueve límites: el calentamiento global, la biosfera, la deforestación, los contaminantes y el plástico, los ciclos del nitrógeno y el agua dulce. Particularmente preocupantes son los puntos de inflexión, donde un pequeño aumento en la temperatura global podría dar como resultado un gran cambio en el clima. Sobrepasar esos puntos de inflexión podría desencadenar otros en cascada y algunos siguen estando poco estudiados.

El sobrepasamiento de estos límites no asegura hecatombes inmediatas, pero los científicos afirman que “en conjunto, marcan un umbral crítico para aumentar los riesgos para las personas y los ecosistemas de los que formamos parte”. Así, catástrofes ambientales, extinción de especies, escasez de agua, migraciones climáticas, ruptura de las cadenas logísticas y contracción en la producción de alimentos son síntomas, que en este momento presentes mayoritariamente en el Sur global, nos anuncian lo que será la “nueva normalidad”.

Ante la gravedad de la situación, debemos tomar medidas urgentes y radicales antes de finalizar esta década. Sin embargo, el movimiento ecologista institucionalizado, cuestionado por cientos de plataformas de base, dependiente en gran parte de subvenciones estatales o de empresas (vía fundaciones), y más preocupado por sostener su statu quo y los privilegios y prebendas de sus “profesionalizados” dirigentes, sufre una disociación cognitiva, ya que, sus respuestas, no pasan de recursos jurídicos, reuniones con los políticos y empresarios, notas de prensa o informes técnicos. Nos engañamos si pensamos que esto nos va a salvar.

Como bien advierten los científicos, “el camino hacia el desastre climático está pavimentado de estudios de viabilidad y evaluaciones de impacto”. Y para enfrentar este desastre necesitaríamos un movimiento similar al existente en nuestra vecina Francia por los compañeros del movimiento nucleado alrededor de Soulevements de la Terre, que ha logrado articular numerosas luchas, rompiendo el localismo (“que hay de lo mío”) dentro de un marco claramente decrecentista y anticapitalista, ya sea en convocatorias antiextractivistas, contra la contaminación del aire por una fábrica de cemento, o contra la construcción de autovías o aeropuertos.

El problema fundamental no es el lugar donde situar los parques de “renovables” (nunca en zonas singulares o agrícolas), sino si son realmente necesarios. En general se acepta sin cuestionar la necesidad de sembrar el territorio de sistemas de captación de energía (“renovables”) para alcanzar una descarbonización de la economía, inviable si no lleva aparejado políticas de decrecimiento, al menos en las consumistas sociedades occidentales. Sin embargo, nuestro metabolismo social es cerca de un 80 % dependiente de los combustibles fósiles y solo algo más del 20 % de la electricidad. Y las mal llamadas “renovables” solo aportan electricidad al mix energético, que en muchas ocasiones la red eléctrica actual no puede absorber, aparte de que el consumo eléctrico en el estado español lleva 15 años descendiendo, en gran parte por el declive industrial. Por lo tanto, y dado que no es posible electrificar sectores como el transporte marítimo, aéreo, terrestre pesado, agrícola, la producción industrial de cemento, acero, aluminio, etc., parece que no necesitamos más electricidad de la que producimos. Y menos para intentar producir con ella una supuesta “energía mágica”, el hidrógeno verde, una tecnología que no está desarrollada, y cuyos costes de producción y distribución son elevadísimos y no rentables en este momento (recordemos las décadas que llevamos oyendo que la fusión nuclear ya está aquí).

El despliegue de macro-renovables, que está arrasando la “España vaciada” y las zonas periféricas de otras comunidades, es perfectamente legal. Tanto la UE en diversas ocasiones, como el gobierno central, o los autonómicos, han apoyado/aprobado las normativas necesarias para sembrar estas zonas de estos proyectos. Todos los partidos del espectro parlamentario y las centrales sindicales subvencionadas están de acuerdo. Por su parte, el ecologismo oficial (el llamado G5), con línea directa con el gobierno más progresista de la historia, o bien apoya el despliegue de la eólica marina o guarda silencio en otros casos y en la práctica se mantiene inactivo, bajo el mantra de que es urgente descarbonizar la economía, cuestión esta cierta, pero dejando a un lado la única posibilidad de reducir las emisiones, que es el decrecimiento. Por otra parte, las vías jurídicas para recurrir la epidemia de proyectos, aparte de ser prohibitivas económicamente para la mayoría de plataformas dado que no hay una estructura solidaria de letrados -sino que todo pasa por despachos privados-, conlleva plazos muy largos que la urgencia del despliegue no permite. Además, aunque es obvio que lo que se está implantando son sistemas energéticos centralizados (Renovable Eléctrica Industrial, REI), en manos de grandes empresas para su negocio, en lugar de sistemas descentralizados y a pequeña escala para garantizar las necesidades de la población, la ubicación de los parques en zonas muy despobladas y envejecidas condicionan y limitan la respuesta en la calle. Mientras el mundo urbano y el rural se den la espalda, y el primero solo vea lo rural como apéndice turístico y vacacional ocasional, y no como un elemento imprescindible en un futuro no muy lejano para reorganizar la existencia, la defensa de la tierra lleva las de perder.

Las mal llamadas “renovables” no van a frenar el calentamiento climático, al contrario, están colaborando en su aceleración. Los paneles solares y los molinos eólicos están hechos de metales, plásticos y otros compuestos químicos, elementos que han sido extraídos del suelo, transportados, transformados y acoplados. Este proceso extractivista tiene lugar fundamentalmente en nuestro patio trasero, los países el Sur, que cargan con los efectos colaterales: destrucción de hábitats, contaminación del agua, desechos tóxicos, conflictos armados, todo para intentar garantizar en el Norte el mismo nivel de consumo y despilfarro energético al que llevamos enganchados unas pocas décadas.

Por lo tanto, para fabricar y poner en marcha estos sistemas se necesitan quemar grandes cantidades de combustibles fósiles, triturar montañas para conseguir “tierras raras”, para luego ser fabricados mayoritariamente lejos de nuestros países, etc., con el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero consiguientes. Gobiernos y empresas saben que no existen suficientes materiales para su despliegue, pero siguen alimentando el negocio. Incluso hay quien defiende que la cantidad de energía utilizada para todo el proceso, más la derivada de los costes asociados a su desmantelamiento (estos sistemas duran entre 20-30 años) son inciertos y podrían ser mayores que la producida durante su vida útil.

De cualquier forma, como consecuencia los últimos datos disponibles demuestran que las emisiones mundiales siguen creciendo. Aparte, la adición de “renovables” no va acompañada de una sustitución de las centrales de combustión de fósiles. En muchas ocasiones las térmicas de carbón están siendo sustituidas por centrales de biomasa (como mínimo igual de contaminantes), cuando no reabiertas de nuevo como ha ocurrido en Alemania. Continúa la vorágine energética.

Ponga un empresario (o una ministra) al frente de su lucha. En el escenario actual se corre el peligro de centrarse en lo local, lo inmediato, y perder de vista el contexto general. En lo local, se producen colisiones entre diferentes intereses capitalistas en la explotación del territorio. Los fondos Next Generation (que pagaremos como deuda) han provocado el aterrizaje de las energéticas en zonas periféricas donde la despoblación había finiquitado la economía del comunal, y se había impuesto como única fórmula capitalista la explotación de los sectores turísticos y la agricultura y ganadería intensivas dependientes de la PAC (tampoco sostenibles ya que dependen del transporte a larga distancia en muchas ocasiones, y por tanto del petróleo). En esta colisión de intereses empresariales, cada uno lucha por sus intereses inmediatos olvidando el problema general. Solo así se entienden situaciones como la de El Bierzo, comarca de pasado extractivista, pero en la que el ecologismo oficial, el mismo que califica a la Ministra de Transición Ecológica “de integrante del movimiento ecologista”, no ha dudado en aliarse con un empresario del sector turistico y agroindustrial para que dirija la movilización contra el sector energético. Ambos sectores empresariales coinciden, no obstante, en lo fundamental: evitar hablar de reducción de las emisiones de efecto invernadero, del necesario decrecimiento, o de la regeneración de la tierra para poner en marcha modelos de agricultura y ganadería basados en la restauración de ecosistemas.

Cuando se olvidan los intereses de clase y prevalecen los empresariales se entra en un terreno muy resbaladizo. Y en ese terreno han coincidido desde los ayuntamientos gobernados por los mismos partidos que han decidido que la España vaciada y las zonas periféricas de las comunidades autónomas aun industrializadas sean zonas de sacrificio, a través de la aplicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, hasta las federaciones de empresarios, o los negacionistas del clima como Vox, que se han sumado a la protesta “para defender los viñedos”. Es de sentido común que los que han creado el problema no pueden formar parte de la solución. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo.

El debate que se evita hacer es ¿cuánta energía podemos utilizar, de qué tipo y para qué? Destacados científicos afirman que podríamos haber pasado un punto de no retorno en el cambio climático, y que el 1,5º ya es ilusión, pero aún podríamos reducir sus peores efectos mediante políticas de mitigación. Pero estas solo pasan por la reducción drástica de la extracción de combustibles fósiles y el consumo en los países del Norte, es decir, DECRECIMIENTO para nosotros, pero crecimiento para aquellos que consumen hasta cien veces menos. Llevamos décadas consumiendo enormes cantidades de energía barata y destruyendo el planeta, y esta situación está tocando a su fin. Frente a esta disyuntiva, el ciudadanismo es un enemigo, ya que solo se plantea alejar de sus chalets y sus negocios los macroparques por sus efectos perniciosos, pero sigue soñando que son necesarios porque le van a asegurar el mantenimiento de un consumo energético similar al que hemos venido derrochando en los países centrales en las últimas décadas. Sin embargo, la reducción del consumo de energía y materiales no es algo que podamos elegir. Nos va a venir impuesta y dará lugar a sociedades menos complejas. Se abren dos escenarios. O planificamos entre todos un decrecimiento ordenado que permita garantizar las necesidades básicas de la población, o nos impondrán un ecofascismo que sumirá por la fuerza al 90% de la población en la pobreza, para mantener el consumo sin límites de las élites.

Estamos convencidos que, todo lo antedicho, ya es sobradamente conocido desde hace tiempo. Podemos seguir tapándonos los ojos, pero el problema es pretender el crecimiento infinito en un mundo con recursos finitos. O lo que es lo mismo, el problema es el capitalismo. A la vez, el sistema ha logrado convencernos de sus virtudes, para aparecer como la única solución posible de que no hay alternativa: esta es la convicción que las formas de dominación actuales han logrado diseminar por todo el cuerpo social. Es falaz que estemos condenados a vivir en el mundo en el cual vivimos.

ARBA León-Bierzo, Corriente Sindical de Izquierda–Asturies y Zamora Viva, integrantes de la Coordinadora en Defensa del Territorio.

Comentarios

  1. Lastima que los que revientan coordinadoras y grupos ecologistas desde grupos fantasma sean los que llamen a la unión y pretendan enseñar a los que antes han escupido. Loco mundo, así nos va.

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