La contrarreforma ambiental europea (1 de 2)
Artículo publicado el 15 de mayo de 2024 en el blog de David Hammerstein.
Lo subrayado en negrita es propio de esta web.
Dada la extensión del artículo, trata de facilitar su lectura
En plena campaña para las elecciones europeas, resulta necesario un posicionamiento radical bien informado y fundamentado. Y más en un momento en que, presos del pánico ante el avance de la extrema derecha, los partidos "progresistas" que apoyan la pretendida "transición" liderada por el capitalismo verde y todo su greenwashing, caen en la trampa de magnificar parcos avances y no mirar hacia los callejones sin salida a los que nos está llevando la actual contrarreforma ambiental. Las organizaciones ecologistas mayoritarias, amparadas en ese grupo de autolavado verde que es el G5, han entrado en la misma dinámica justificadora renunciado a la denuncia contundente de la actual deriva medioambiental de una europa que renuncia aceleradamente a sus livianos compromisos con la situación de emergencia en la que estamos.
Muy diversas iniciativas de gobiernos, industrias y partidos políticos confluyen en una estrategia de boicot, rebajas o derogación de normativas, reglamentos y políticas europeas medioambientales. Se trata de una ofensiva contra las regulaciones que pueden beneficiar la protección y regeneración ecológica en muchos sectores.
El retroceso medioambiental que viene sucediendo en la órbita política europea es una gran desgracia. En lo más fundamental, los partidos y políticos gobernantes se niegan a aceptar los cambios de rumbo necesarios para afrontar la acelerada degradación de los ecosistemas y la biodiversidad. Serán crecientes las tragedias sociales y ecológicas si siguen siendo desatendidos los gigantescos daños de los procesos materiales, biológicos y ecosistémicos. Nos engañan los que dicen que las necesidades ecológicas pueden esperar. Resulta temeraria la estrategia de seguir posponiendo las políticas y regulaciones públicas ambiciosas y intersectoriales que puedan amortiguar la hecatombe ecológica en curso. Es una sinrazón el desprecio de los datos y las alertas de la mejor ciencia disponible.
La irresponsabilidad política de dar marcha atrás en las embrionarias y muy insuficientes normativas ambientales europeas siembra numerosos males en el porvenir. Esta desregulación ambiental supone un terrible ejemplo para el mundo, porque somos parte del club más sobreconsumidor del planeta, el más responsable de la espiral de agresiones ecológicas y de sus crecientes náufragos sociales, humanos y no humanos. Sin la conservación y protección de naturaleza no podemos abordar la intensidad y escala de la catástrofe ecosocial diseminada.
El negacionismo ecológico de la ultraderecha, junto a la derecha que se derechiza más, abraza los intereses comerciales de la industria y las exigencias de recortes medioambientales, contraponiendo falsamente la ecología a las metas del bienestar y la libertad.
Contrariamente, las fuerzas de la izquierda política y social no solo no han de sumarse a la ficticia oposición entre bienestar y ecología, sino que han de tomar posiciones públicas que alcen la voz en favor de la ciudadanía y la naturaleza, oponiéndose con claridad a los retrocesos y recortes. La ofensiva de la contrarreforma medioambiental quiere dar sepultura a las políticas del Pacto Verde Europeo, presentado en diciembre de 2019 por la Comisión Europea, cuyo objetivo formal es situar a la UE en el camino hacia una “transición ecológica” y alcanzar la “neutralidad climática” en el 2050.
Se está dando un cínico rearme ideológico de la derecha negacionista y xenófoba, defensor de una agenda anti-regulatoria y neoliberal. Su relato populista que dice hacer defensa de los de abajo frente a los de arriba, manipula y sabe aprovechar inquietudes e injusticias sociales estructurales, que se agudizan con las crisis energética, climática y ecológica. Por ejemplo, las bajas rentas de la mediana y pequeña agricultura y ganadería se ven muy afectadas por las oleadas de calor, las inundaciones, la sequía, la subida de los precios del gas por la guerra de Ucrania, la carestía de insumos como los fertilizantes y piensos, etcétera. Las ideas centrales de esta ofensiva ideológica buscan chivos expiatorios, inculpan a las elites “globalistas” y a las grandes empresas multinacionales de estar detrás de las regulaciones medioambientales que van en contra de los pequeños productores y los trabajadores autónomos. También atacan el multiculturalismo y la agenda de igualdad de género en una cruzada que se difunde desde hace años por los Think-Tank de la derecha trumpista americana y de la extrema derecha europea.
Las rebajas agroambientales para la agricultura subvencionada por la Política Agraria Común (PAC) que exigen las movilizaciones de las tractoradas en territorio europeo, en buena medida están capturadas por la manipulación y los intereses de las grandes empresas agroindustriales. Buscan desviar la atención sobre los problemas económicos y sociales estructurales, como son los relativos a la injusta distribución de los fondos públicos de la PAC, el control de precios que ejercen las grandes cadenas de distribución y las grandes empresas agroindustriales en el mercado agroalimentario, las condiciones de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, etc. La agenda política oculta es impedir soluciones reguladoras que conjuguen las necesidades reales de los agricultores, las pequeñas y medianas explotaciones, los consumidores, la ciudadanía, la salud y la ecología.
La presión de las tractoradas en la calle dirige el crónico malestar y los problemas estructurales del campo hacia unas reivindicaciones populistas que incrementan el poder de las industrias y el éxito de las reivindicaciones de la ultraderecha. Bajo el imperio economicista y la competitividad globalizada, reclaman más proteccionismo público y subvenciones para los productores agrícolas y ganaderos a la vez que exigen el derribo de cualquier límite y condicionamiento legal medioambiental, sanitario y laboral. En nombre del uso esencialista y manipulador del “campo”, al que las tractoradas de patronos dicen representar, sus reclamos biocidas, productivistas y etnocéntricos ocultan las condiciones miserables de la masa de jornaleros emigrantes, asalariados sin tierra y sin derechos laborales y cívicos.
Las tractoradas exigen acabar con las normativas ambientales condicionantes de las ayudas del segundo pilar y los eco-regímenes, a pesar de que la "barra libre" para los tratamientos agrotóxicos (pesticidas, plaguicidas, herbicidas, fertilizantes síntesis, etc.) aniquila la biodiversidad y daña la salud humana y de los ecosistemas. Su temible agenda anti-verde está arrodillando a las autoridades europeas y estatales, que en nombre de la retórica de la “flexibilidad” han optado por rebajar y suspender las incipientes normativas ambientales de la PAC recién estrenada para el reparto de las subvenciones. Por ejemplo, al calor de la presión de las tractoradas el gobierno español cede eliminando la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental (EIA) en transformaciones de regadío de más de 100 hectáreas financiadas por la UE.
Lamentablemente, organizaciones y sindicatos agrarios vienen aliándose con la presión de los lobbys de la agroindustria para evitar las normativas ambientales europeas que ayuden a reducir las agresiones agrotóxicas y los daños ecológicos provenientes del sector agrícola. Han apoyado activamente los recortes y el derribo de los condicionantes medioambientales para las ayudas de la PAC, sumándose con ello a las demandas de la industria química y farmacéutica y a la agenda política desambientalizadora y negacionista de la extrema derecha.
Si continúan los frenos y recortes ambientales obedeciendo los dictados comerciales de la agroindustria, finalmente tendremos dos grandes males retroalimentados: populismos de ultraderecha en el poder y desastres ecológicos sin precedentes.
Las elecciones europeas en el próximo mes de junio pueden desembocar en un tsunami: una nueva mayoría de derechas y ultraderecha en el gobierno de las instituciones europeas. Como ecologistas, ante el anuncio de este pernicioso porvenir deberemos tener capacidad de reacción con tomas de posición públicas, claras y rotundas. Los colectivos ecologistas y las organizaciones sociales han de hacerse oír ante las formaciones políticas de la izquierda y los responsables públicos en la tarea conjunta de contrarrestar la ofensiva anti-verde.
Para frenar la actual contrarreforma ambiental europea no solo es necesaria una mayoría política favorable en las instituciones europeas, sino que la izquierda política institucional no abandone ni de por vencida la agenda verde en el debate público y mediático. Por el contrario, la izquierda no da la cara, no hace pedagogía verde, ni política ni cultural. No plantea el debate y ni hace defensa de la agenda verde, no da visibilidad ni transversalidad a las realidades y problemas ecológicos, con ello deja en orfandad política a la ciudadanía ecológicamente sensible, preocupada o afectada. Hasta ahora, la izquierda política ha entregado una fácil victoria ideológica a la derecha sin dar la batalla política, legal y cultural.
A continuación, se expone un breve e incompleto inventario de recientes políticas de la contrarreforma ambiental europea:
- El retroceso ambiental y climático de la Agenda Estratégica 2024-2029 de la Unión Europea.
- El bloqueo del Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza.
- Los recortes en la normativa ambiental de la Política Agraria Común (PAC).
- La retirada de la ley de reducción del uso de pesticidas.
- Otra década más para el uso del herbicida glifosato.
- El freno de la Ley Marco de Sistemas Alimentarios Sostenibles.
- La vista gorda sobre la contaminación por nitratos.
- La contrarreforma ambiental toma tierra: de proteger el suelo a informarse sobre el suelo.
- El rechazo de la reforma del control de sustancias tóxicas (REACH).
- La autorización de sustancias tóxicas en materiales y tuberías de agua potable.
- El gas y la energía nuclear consideradas fuentes de energía sostenibles.
- Retrocesos en la conservación de la fauna silvestre: desproteger el lobo.
- El freno de la revisión de la legislación sobre bienestar animal.
- Las zancadillas de las instituciones europeas a las leyes ambientales.
El retroceso ambiental y climático de la Agenda Estratégica 2024-2029 de la Unión Europea
El borrador de la Agenda Estratégica 2024-2029 de la UE para los próximos 5 años no incluye acciones para reducir la contaminación, frenar la pérdida de biodiversidad, proteger y regenerar los ecosistemas, ni la mitigación y adaptación al sobrecalentamiento climático.
La Agenda Estratégica es un documento oficial de dos páginas que esboza las prioridades del Consejo Europeo de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE que marca y tiene influencia en las leyes que se aprueben en dicho periodo.
Durante el último año, el actual Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en reuniones informales con todos los portavoces de los Gobiernos, solicitó a los dirigentes que identificaran las áreas prioritarias de actuación de la UE en los próximos años. La Agenda definitiva se aprobará a finales de junio del 2024. Los tres pilares de acción prioritarios contemplados por la Agenda 24-29 son: “una Europa fuerte y segura”, “una Europa próspera y competitiva” y “una Europa libre y democrática”. Solo el segundo pilar “una Europa próspera y competitiva”, contiene una decepcionante sección que mezcla la transición digital y la transición verde.
Los gobernantes de la UE abandonan los objetivos incumplidos establecidos en la Agenda Estratégica 2019-2024 que proponían “construir una Europa climáticamente neutra, verde, justa y social”.
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/
El bloqueo del Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza
El Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza fue bloqueado en el Consejo Europeo en marzo de 2024. Un grupo de ministros de la Unión Europea impidió la aprobación definitiva del Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que persigue las metas de proteger biodiversidad y recuperar los ecosistemas del continente. En esta obstrucción de última hora han participado Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica, Italia y Hungría.
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En la última fase de aprobación de la normativa por parte del Consejo Europeo los Estados de la UE, estos deciden finalmente si optan por alinearse con la ultraderecha o por abordar la urgente recuperación de ecosistemas. La normativa legal europea contempla que un tercio de los países, que representen más del 40% de la población europea, pueden constituirse en una minoría de bloqueo de los acuerdos del Consejo Europeo (integrado por los representantes de los Gobiernos de los 27 países comunitarios).
El derribo final del Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza se ha ejecutado mediante una minoría de bloqueo que fractura los procedimientos democráticos habituales de negociación y debate de la UE. Estados que habían apoyado inicialmente el reglamento dieron marcha atrás y anunciaron su voto desfavorable.
El malogrado Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, propuesto en junio de 2022 por la Comisión Europea, se erige como una pieza clave para cumplir los objetivos de la UE en materia de clima y biodiversidad.
A pesar del acuerdo de noviembre del 2023 entre Consejo, Comisión y Parlamento de la UE, la votación de la propuesta del 27 de febrero de 2024 en el Parlamento Europeo obtuvo el apoyo muy ajustado, con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, con la oposición mayoritaria del Partido Popular Europeo (PPE) y la ultraderecha. El texto salió adelante en la Eurocámara gracias al voto de varios parlamentarios conservadores y liberales. Después de esta aprobación, estaba pendiente la ratificación por parte del Consejo Europeo para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y su entrada en vigor. Tras esto, se habría iniciado el plazo de hasta 24 meses para que los Estados miembros presenten a la Comisión Europea sus planes nacionales específicos de restauración, que detallen las medidas encaminadas al cumplimiento y seguimiento de los objetivos de restauración.
En plena oleada de protestas de los agricultores y ganaderos en toda Europa con demandas de desregulación ambiental, el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza ha quedado en suspenso. Aunque el texto del Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo ya sufrió grandes rebajas en el proceso de enmiendas y debate parlamentario. Una gran oposición por parte de la agroindustria ha conseguido rebajar la ambición inicial del texto.
El Reglamento propuesto establecía unas bases legislativas, por primera vez con objetivos jurídicamente vinculantes y cuantificables, para la restauración de los ecosistemas degradados y hábitats de la UE para el 2030, que afectan al 20% de los ecosistemas terrestres y marinos y a especies de interés recogidas por la legislación vigente como la Directiva Hábitats o la Directiva Aves, y que para el 2050 afectan a todos los ecosistemas que lo necesiten.
El Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza incorpora objetivos específicos de restauración para hábitats terrestres y marinos, y especies de interés, en cumplimiento con los compromisos internacionales en materia de biodiversidad. En este sentido, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado por 196 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15), celebrada en diciembre de 2022, establece las metas de “detener e invertir” la pérdida de biodiversidad a finales de esta década. El Reglamento también incluía el imperativo de que los Estados miembros establezcan las medidas que garanticen la mejora continua del estado de conservación de las zonas sujetas a medidas de restauración, y el no deterioro de las zonas ya restauradas o en buena condición. Según la normativa los Estados miembros han de establecer las medidas de restauración necesarias para mejorar la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas, forestales y mejorar la diversidad y revertir el declive de las poblaciones de polinizadores.
Respecto a la restauración de ríos el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza establece la necesidad de elaborar un inventario de barreras artificiales a la conectividad y de liberar al menos 25.000 km de ríos en el conjunto de la Unión Europea. En el Estado español la “Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030” ya incorporaba el objetivo de “restaurar y reconectar estructural y funcionalmente 3.000 km de ríos españoles antes del año 2030”. Además, el Reglamento europeo contempla medidas para la restauración de los ecosistemas urbanos, establece que los países de la UE garantizarán que no se produzcan una pérdida de superficie de espacio verde urbano de aquí a 2030, y a partir de entonces alcanzar una tendencia creciente en la superficie total nacional de espacios verdes urbanos. Durante la tramitación se incorporó asimismo el compromiso de plantar al menos 3.000 millones de árboles adicionales en la Unión Europea de aquí a 2030.
Los recortes en la normativa ambiental de la Política Agraria Común (PAC)
El 2 de diciembre de 2021 se adoptó oficialmente el acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). La legislación de la nueva PAC que entró en vigor el 1 de enero de 2023 avanza algunos tímidos pasos en el reparto más equilibrado de las ayudas y en los condicionantes medioambientales de las mismas.
Sin embargo, la Comisión Europea propuso una importante supresión de normativas europeas básicas de protección de la naturaleza en respuesta a la presión de las reivindicaciones de las tractoradas. El 24 de abril de 2024 el Parlamento Europeo votó este paquete de nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea, que eliminan, recortan o debilitan las normativas de la PAC relativas a las "buenas prácticas agrícolas y medioambientales" (BCAM), que eran condiciones indispensables para recibir las ayudas económicas. El Parlamento Europeo ha aprobado el abolir, eximir o derogar las normativas medioambientales que rigen la nueva Política Agrícola Común (PAC). La Eurocámara apoyó con 425 votos a favor, 130 en contra y 33 abstenciones la propuesta de la Comisión Europea. El Gobierno español también apoyó la propuesta desambientalizadora de la Comisión Europea.
Esta revisión de la nueva PAC modifica las normas de las condicionalidades medioambientales que deben cumplir los agricultores para recibir financiación. También da más flexibilidad a los países de la UE a la hora de conceder exenciones de las normas de la PAC si hay problemas para aplicarlas y en caso de condiciones meteorológicas extremas.
Se han eliminado elementos ecológicos y agronómicos fundamentales que han estado en vigor durante décadas, retrocediendo con ello al 2013 y 2003, sobre las buenas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y la biodiversidad y sobre la reducción de la dependencia de pesticidas agrotóxicos y fertilizantes.
Estos recortes ambientales que reducen sustancialmente los controles y condicionantes ambientales para la pequeña y mediana producción agrícola, debilitan mucho la agenda ecológica en favor del productor y el consumo local al tiempo que dañan la confianza de los consumidores y la ciudadanía.
Verter fertilizantes y pesticidas sin moderación es optar por la vuelta al oscurantismo de sacrificar la naturaleza y cavar la tumba del bienestar y la justicia social, es favorecer la miopía del cortoplacismo de los beneficios económicos agroindustriales contra los agricultores sostenibles, la ciudadanía, la salud y el campo. Por ejemplo, desaparece la exigencia de promover áreas para la biodiversidad en un porcentaje de la superficie de las explotaciones. Con ello se abandona la antigua sabiduría de dejar espacios libres como linderos, árboles, charcas o zonas de barbecho alrededor de los cultivos, para que favorezcan la protección del suelo y la vegetación sirviendo a la vez de refugio para especies. Otra sinrazón exime a las pequeñas explotaciones con menos de 10 hectáreas de inspecciones y sanciones por incumplimiento de algunas normas de "control de la condicionalidad”, con ello se favorece al 55% de agricultores y ganaderos españoles que perciben subvenciones de la PAC y se deja en impunidad a las explotaciones que cometan ilegalidades. Aquello que la Eurocámara ha votado es que a partir de junio y hasta 2027, los que quieran recibir dinero público de la PAC ya no tendrán que realizar alternancias de cultivos, ni tendrán que dejar espacios barbechos sin labrar, al tiempo que podrán rebajar las exigencias de cubiertas vegetales y pastos permanentes. Sin embargo, todas estas prácticas las llevan realizando los labradores durante siglos para dejar descansar las tierras, para que aumenten sus biocapacidades de retener agua y evitar la pérdida de suelo fértil por empobrecimiento y erosión, y para ofrecer refugios a los polinizadores y enemigos naturales que frenen las plagas.
Estos cambios en la normativa de la nueva PAC suponen un retroceso histórico, que no solo tendrá graves consecuencias en los ecosistemas y la biodiversidad, también en la supervivencia de los agricultores y la seguridad alimentaria. Estas rebajas y amputaciones ambientales eliminan o debilitan partes importantes de las normas de buenas prácticas agrícolas que permiten a los agricultores adaptarse al clima y reducir la dependencia de costosos pesticidas, fertilizantes y piensos. También socavan las estrategias de la UE en materia de adaptación y lucha contra el cambio climático y en la protección y recuperación de la biodiversidad, los suelos y las proteínas alimenticias. Estos retrocesos medioambientales de la PAC escriben los epitafios del tímido y muy insuficiente “Pacto Verde Europeo” cuando ni siquiera ha comenzado a andar.
Esta contrarreforma ambiental incrementará la vulnerabilidad social, económica y ecológica del campo europeo. Al tiempo que se desentienden de los problemas estructurales del sector agrícola, como son los precios injustos y la competencia comercial desleal, se da la espalda a las explotaciones sostenibles. Queda sin tocarse el injusto y desigual reparto de sus fondos públicos de la PAC: el 20% de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80% de los pagos directos, mientras la mayoría de los agricultores y ganaderos (a menudo explotaciones familiares) de pequeño o mediano tamaño perciben mucho menos o nada.
Estos cambios express en la nueva PAC que favorecen a las grandes industrias del sector agroalimentario, se han realizado sin debate público ni transparencia en el último Pleno parlamentario de esta legislatura, a vísperas de las próximas elecciones europeas de junio del 2024. El Grupo parlamentario de los Verdes/ALE del Parlamento Europeo se opuso a la totalidad de esta propuesta que debilita mucho las normas de condicionalidad ambiental de la PAC. Pero sus propuestas concretas para mejorar los ingresos de los agricultores fueron rechazadas, relativas a una redistribución más justa de las subvenciones de la PAC para las pequeñas y medianas explotaciones, a una garantía de que los precios pagados a los agricultores reflejen la evolución de los costes de producción y a una mejor protección contra las importaciones desleales de terceros países.
En definitiva, esta contrarreforma ambiental perjudica al mundo agrario, la ciudadanía, la biodiversidad, los ecosistemas y sus capacidades bioproductivas. Es una marcha atrás legislativa que ignora las numerosas informaciones y alertas del mundo científico, que ligan la producción de alimentos de la agricultura industrial a los crecientes daños a los ecosistemas y la biodiversidad.
Este gran retroceso ambiental de la PAC busca favorecer los intereses comerciales de las grandes cadenas de distribución e industrias del sistema agroalimentario. Supone un nuevo apoyo de las políticas públicas a las grandes empresas agrícolas frente a los pequeños y medianos productores agrarios, porque renuncia a medidas significativas que mejoren los ingresos de los agricultores, no ofrece soluciones a las prácticas comerciales desleales, al bajo poder de negociación de los agricultores en la cadena de suministro, a la distribución desigual de las ayudas de la PAC vinculadas a las cantidades de hectáreas y al número de cabezas de ganado, no a la necesidad, profesionalidad y rentas reales de los productores. Para gran alegría de la agroindustria, esta contrarreforma ecológica se dirige a aumentar sus enormes beneficios a expensas de los agricultores, los consumidores, la ciudadanía, la salud, la biodiversidad y el medio ambiente.
La retirada de la ley de reducción del uso de pesticidas
La Comisión Europea ha renunciado a una de las medidas estrella del Pacto Verde Europeo. La Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunció el 6 de febrero del 2024 la retirada de la ley con la que la UE pretendía reducir un 50% el uso de pesticidas químicos, con el objetivo de disminuir los riesgos de los productos agrícolas fitosanitarios y de abandonar los más peligrosos para el 2030. Esta propuesta de ley fue rechazada en el Parlamento Europeo y ha sido bloqueada a nivel de los gobiernos en el Consejo Europeo.
La Comisión Europea propuso en junio del 2022 la regulación para el uso sostenible de los pesticidas (SUR), con la meta de reducir los daños y riesgos de los productos químicos agrotóxicos. Propuso un reglamento que sustituyera a la Directiva del 2009 sobre el uso sostenible de los plaguicidas. El informe aprobado el 24 de octubre de 2023 (ENVI) por la Comisión Europea apoya una reducción a escala de la UE de al menos un 50 % del uso de los productos fitosanitarios químicos en toda la Unión Europea y eleva al 65 % el objetivo de reducción del uso de los más peligrosos de aquí́ a 2030.
Sin embargo, el pleno del Parlamento Europeo rechazó el 22 de noviembre de 2023 el proyecto legislativo de reducción del uso de los pesticidas en la Unión Europea. La ley recibió 299 votos en contra y solo 207 a favor, mientras que 121 eurodiputados se abstuvieron.
En el ámbito español ha sido aplaudida por las organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos la retirada final en febrero del 2024 por parte de la Comisión Europea de dicha propuesta de ley. En nombre de lo que se viene denominando “flexibilización” de las políticas agrícolas es una respuesta de retroceso ambiental ante el malestar y las protestas de los agricultores en las calles. La agenda verde se ha convertido en un chivo expiatorio común de cara a las elecciones europeas en plena pugna política por el voto rural.
Otra década más para el uso del herbicida glifosato
El glifosato es un potente herbicida tóxico introducido en la década de 1970 y utilizado para eliminar las malas hierbas que invaden los cultivos agrícolas, las carreteras, los jardines y espacios públicos. Sin embargo, la Agencia contra el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó en 2015 que era probablemente cancerígeno para los seres humanos.
El glifosato estaba aprobado para su uso en la UE hasta el 15 de diciembre de 2023, tras la prórroga de un año concedida en diciembre de 2022 (cuando finalizaba la autorización de cinco años concedida por la Comisión Europea en 2017).
Los países comunitarios no alcanzaron una mayoría cualificada de acuerdo para la renovación o la retirada del herbicida, ni en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, ni en el Comité de Apelación. La Comisión Europea anunció en noviembre del 2023 que aprobaba la renovación del uso del glifosato por un periodo de 10 años en toda la Unión Europea, hasta el 15 de diciembre de 2033, que introduce algunas restricciones nuevas.
El Ejecutivo comunitario ha aprobado su propia propuesta después de que los Estados miembros no lograran una mayoría cualificada a favor o en contra. Países como Italia o Francia se han abstenido, y España ha votado a favor de la renovación del uso del herbicida.
La Autoridad Europea de seguridad Alimentaria (EFSA) es la agencia europea financiada por la Unión Europea que opera con independencia de las instituciones legislativas y ejecutivas europeas (Comisión, Consejo y Parlamento) y de los Estados miembros de la Unión. Una actividad principal de la EFSA es la evaluación científica de riesgos, que consiste en examinar datos y estudios científicos para evaluar los riesgos asociados a determinados factores de peligro. La renovación del uso del glifosato se ha basado en las evaluaciones de seguridad llevadas a cabo por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que declaró en un informe de julio del 2023 que no había encontrado "áreas críticas de preocupación" para la renovación del uso, y en las evaluaciones de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), que afirma que el glifosato no es un agente cancerígeno, mutagénico ni tóxico para la reproducción.
Los productos fitosanitarios no pueden comercializarse ni utilizarse sin autorización previa. Existe un sistema doble en el que la EFSA evalúa las sustancias activas utilizadas en los productos fitosanitarios y los Estados miembros evalúan y autorizan dichos productos a escala nacional. Las nuevas condiciones y restricciones introducidas por la Comisión Europea para el uso del glifosato incluyen la prohibición de utilizarlo como desecante para inducir o mantener un estado de sequedad, y el requisito de que los Estados miembros mejoren sus evaluaciones de riesgos para tener en cuenta la biodiversidad, incluida la fauna salvaje. Los Gobiernos también pueden establecer tasas máximas de aplicación basadas en evaluaciones y medidas para mitigar riesgos en los organismos y el medio ambiente. La decisión de usar el dañino glifosato a escala de los Estados sigue estando en manos de cada Gobierno, pero ningún país de la UE lo ha prohibido totalmente, aunque algunos, como Austria, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Alemania, han implantado prohibiciones parciales de su uso en determinadas zonas y en los hogares.
Esta nueva ofensiva biocida contra la biodiversidad, los ecosistemas y la seguridad alimentaria, a pesar de la cantidad de evidencias científicas sobre los impactos negativos en la salud y los ecosistemas, supone el incumplimiento de la normativa de plaguicidas de la UE, que establece que debe observarse el Principio de Precaución cuando no existe un consenso científico claro sobre una política sospechosa de conllevar riesgos de causar daños al público o al medio ambiente.
Organizaciones agrarias del ámbito español (ASAJA y UPA, Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC/SV), han manifestado su apoyo a la renovación de la autorización del uso del glifosato. Han señalado la necesidad de no prohibir el uso de este potente herbicida para evitar daños económicos en sectores agrícolas de la UE, subrayando la desventaja competitiva de los productores europeos frente a la importación de productos con tratamientos de glifosato, que beneficia a terceros países exportadores a la UE. Las entidades agrarias integradas en la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) para la defensa de la sostenibilidad agrícola y conformada por las organizaciones ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos, AEAC.SV, han dado el respaldo al Gobierno de España por su votación a favor de la renovación del uso del glifosato.
El freno de la Ley Marco de Sistemas Alimentarios Sostenibles
La producción de alimentos representa el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 70 % del uso del agua, y genera contaminación y degradación de ecosistemas con una enorme pérdida de la biodiversidad marina y terrestre. La producción global de alimentos es una amenaza para la estabilidad climática y la resiliencia de los ecosistemas. El sistema alimentario integra todos los elementos, actividades y participantes que intervienen en la producción, el almacenamiento, el procesamiento, la distribución de mayoristas y minoristas y, por último, el consumo final de los alimentos de las personas. También abarca todos los recursos que son necesarios aportar y todo lo que se genera como resultado en cada eslabón de la cadena. Son urgentes los giros radicales en el sistema alimentario global. No hay duda de que nuestro sistema alimentario global está centrado en la cantidad y la productividad.
La propuesta de Ley Marco de Sistemas Alimentarios Sostenibles (SAS) fue excluida del Plan de trabajo anual 2024 de la Comisión Europea, con ello se pone en riesgo la transición hacia un sistema de producción y consumo de alimentos sostenible que deje de estar centrado en la cantidad y la productividad. Esta legislación europea pendiente debe ser una columna vertebral legislativa de la Estrategia de la Granja a la Mesa enmarcada en el Pacto Verde Europeo, que proporcione una visión global y la dirección hacia sistemas alimentarios sostenibles en toda la UE.
En el 2021, el Parlamento Europeo iniciaba el proceso que la Unión Europea tuviera una nueva estrategia europea para unos alimentos más saludables y sostenibles. Con esta propuesta se busca “producir alimentos más sanos, garantizar la seguridad alimentaria y unos ingresos justos a agricultores y ganaderos, y reducir la huella ambiental del sector”. Estos objetivos de equidad y salud alimentaria y ecológica exigen el compromiso de la Comisión Europea de redoblar esfuerzos y de apoyar especialmente a las personas productoras, fortaleciendo además su posición dentro de la cadena de suministro. Esta política de transición verde obtuvo un apoyo en el Parlamento europeo de gran parte del espectro político, con 452 a favor, 170 en contra y 76 abstenciones. En este sentido, el Parlamento Europeo solicitaba incorporar:
- Formular recomendaciones dietéticas de la UE avaladas científicamente.
- Mejorar el acceso a una información clara y veraz para las personas consumidoras.
-Atajar el consumo excesivo de ultraprocesados y adecuar el consumo de carne a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
-Condicionar el acceso de productos de origen animal de fuera de la UE solo si cumplen normas asimilables a las europeas.
-Regular las emisiones procedentes del sector agropecuario y del uso que este hace de la tierra.
-Fin gradual del uso de jaulas en la ganadería.
-Iniciativas de promoción, contratación pública y tributarias para apoyar el aumento de la agricultura ecológica y su consumo.
A pesar de la promesa de publicar una propuesta a finales de septiembre de 2023, en el Programa de Trabajo no se hace ninguna referencia a la Ley, y la transición a sistemas alimentarios sostenibles sólo se menciona en relación con el «diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE» anunciado por la Presidenta de la Comisión Europea. Pero no está definido cómo se estructurará ese diálogo, ni el resultado de las extensas consultas con las partes interesadas en los últimos tres años y medio.
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